Ecuador cuenta con tres regiones geográficas que presentan diferentes climas, suelos, paisajes y biodiversidad, la zona andina es la más extensa y abarca el 50% del país. Según el censo de 2018, la población ecuatoriana asciende a 16,6 millones de habitantes y se reconocen 17 pueblos y nacionalidades (Ministerio del Ambiente, 2017). Las actividades agropecuarias, la silvicultura y la pesca o piscicultura representan el 48,4% de las actividades económicas del sector rural, desempeñando un papel fundamental en la seguridad alimentaria y las economías rurales.
Ecuador profundiza su ruta hacia la resiliencia climática: una Fase 2 que consolida políticas, capacidades e innovación territorial
- Uno de los avances más significativos ha sido la evolución de la Estrategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales (ENAMR), cuyo fortalecimiento con apoyo del proyecto ha permitido elevarla hacia una nueva “Política de Acción para la Mujer Rural” (PAMUR). Esta política, actualmente en formulación, busca convertirse en un instrumento nacional mandatorio que incorpore la perspectiva climática, establezca un modelo de gobernanza y oriente la acción pública mediante Comités de Mujeres Rurales. Se prevé su validación e institucionalización en 2026, abriendo un camino histórico para el reconocimiento y la resiliencia de las mujeres del campo.
- La colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha evolucionado hacia el fortalecimiento de la Estrategia de Transición a Sistemas Agroforestales y Agropastoriles, mediante tres pilotajes en fincas campesinas. Estos espacios han permitido probar en terreno el proceso de transición, generar evidencia técnica y validar los costos reales, aportando insumos fundamentales para acelerar la adopción de sistemas productivos más resilientes.
- En esta línea de acción referida a la actualización de políticas, se inscribe también, la colaboración actual, con el Ministerio del Ambiente y Energía para la actualización del Plan Nacional contra la Sequía, en el cual AR apoyó la discusión y el procesamiento de aportes para dicha actualización, desde el grupo de trabajo de la Agricultura Familiar Campesina.
- Asimismo, en coordinación con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, se amplió el alcance de la capacitación en gestión del riesgo climático hacia organizaciones productivas rurales de la Economía Popular y Solidaria, fortaleciendo su capacidad para enfrentar los impactos del clima en sus actividades agropecuarias.
- La segunda fase también ha permitido ampliar el trabajo en Áreas de Protección Hídrica (APH). Más allá de la elaboración de planes técnicos implementados en la Fase 1, ahora se avanza en herramientas para identificar y gestionar zonas de recarga hídrica, dentro y fuera de las áreas protegidas. Esto permitirá al país definir nuevas zonas de protección y fortalecer la gobernanza del agua desde un enfoque ecosistémico.
- Andes Resilientes y la FAO vienen cooperando con el actual Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), en la formulación de una Guía para el Manejo Técnico y Ecosistémico de Zonas de Recarga Hídrica”, actualmente en validación, que complementa herramientas previas y refuerza la capacidad nacional para enfrentar la creciente crisis hídrica.
- Un hito clave de esta fase es la alianza con la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), que abre un nuevo canal para escalar servicios microfinancieros resilientes al clima. Esta colaboración permitirá capacitar a cooperativas de ahorro y crédito de todo el país en la gestión del impacto de riesgos climáticos sobre sus carteras agropecuarias y sobre los emprendimientos de sus usuarias y usuarios.
- La iniciativa recoge aprendizajes de la Fase 1 con cooperativas rurales y ahora avanza hacia un modelo sostenible de fortalecimiento de capacidades, respaldado por una futura malla curricular certificada para oficiales de crédito. Este proceso posiciona a las microfinanzas como un actor clave en la adaptación de la agricultura familiar.
- La colaboración con la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas “Sembrando Esperanza” (OMICSE) ha tenido una notable evolución. La metodología participativa de extensión rural co-creada en la primera fase se ha fortalecido, permitiendo que la organización amplíe su capacidad de incidencia y de articulación territorial.
- Un logro clave ha sido la apertura de su “casa de semillas”, financiada con un fondo concursable, que se convierte en un centro para conservar, multiplicar y distribuir semillas adaptadas a la realidad local.
- OMICSE avanza ahora hacia la construcción de agendas territoriales de resiliencia y en la articulación directa con entidades públicas, incluyendo una próxima visita del MAG para conocer su experiencia.
Un camino que se consolida y escala.
Los avances de la Fase 2 en Ecuador demuestran una evolución consistente: políticas que se fortalecen y se proyectan a nivel nacional, herramientas técnicas que amplían su alcance, capacidades locales que se fortalecen y procesos financieros que se orientan de forma innovadora hacia la resiliencia climática.
Destacan especialmente tres “huevos de oro” de esta fase: la PAMUR como nueva política nacional con enfoque climático; la alianza estratégica con la SEPS para transformar las microfinanzas rurales; y el empoderamiento creciente de organizaciones como OMICSE, que hoy lideran propuestas desde y para los territorios.